Derecho a la vivienda digna en Brasil
La protección del derecho a la vivienda: Derecho a la vivienda digna en Brasil
Derecho a la vivienda digna en Brasil: La Constitución Federal (en adelante la CF, 1988) reconoce el derecho a la vivienda como derecho social (Art. 6° Enmienda Constitucional nº 26, de 14/02/2000).
Para la eficacia de la protección del derecho a la vivienda deben observarse los siguientes preceptos constitucionales: la ciudadanía y la dignidad como fundamentos del Estado Brasileño (Art. 1º, II y III ); principio de la participación popular (parágrafo único del Art. 1º, Art. 14); principio de la igualdad (Art. 5º); el principio del debido proceso legal (Art. 5º, LIV); principio de la defensa de la paz (preámbulo y Art. 4º ); los objetivos fundamentales de construir una sociedad libre, justa y solidaria, de erradicar la pobreza y la marginalización y de reducir las desigualdades sociales y regionales, así como de promover el bien de todos, sin prejuicio de origen, raza, sexo, color, edad y cualesquiera otras formas de discriminación (Art. 3º, I, III, IV ).
La función social de la propiedad urbana y rural
En los términos del Art. 182 la función social de la propiedad urbana debe ser definida por el municipio a través del Plan Director. De acuerdo con los Arts. 185 y 186, la función social de la propiedad rural está determinada por su productividad, por el grado de respeto a los derechos laborales y por la protección al medio ambiente por parte de los propietarios de las tierras, además de otros factores.
Los medios de adquisición de la propiedad
La propiedad puede ser adquirida por compra y venta, donación, transferencia del derecho de superficie, declaración judicial de usucapión urbano individual o colectivo. Las áreas públicas pueden ser regularizadas, en beneficio de la población pobre, por medio de la concesión especial para fines de vivienda y de la concesión del derecho real de uso (CF, Art. 183 y Medida Provisoria nº 2.220/2001).
La concesión especial de uso es un derecho real formalizado por un documento firmado entre la autoridad pública y el ocupante, o alternativamente por una sentencia judicial.
En ambos casos, el dominio del área permanece con la administración pública y la concesión debe ser registrada en el Catastro de Registro de Inmuebles. Este proceso es gratuito y ningún costo incurrirá a las comunidades de baja renta. El título de concesión especial puede ser dado tanto al hombre como a la mujer o a ambos, independientemente del estado civil, contribuyendo para combatir la vulnerabilidad social de las mujeres e impedir que las mismas sean perjudicadas en caso de separación de hecho o de derecho.
La usucapión para fines de regularización de asentamientos informales
La aplicación de la usucapión para fines de regularización de asentamientos informales en áreas privadas, rurales y urbanas, es un relevante instrumento de cumplimiento de la función social de la propiedad y promoción del derecho humano a la vivienda. De acuerdo con los Arts. 183 y 191 de la CF, la propiedad urbana y rural puede ser adquirida por usucapión, para fines de vivienda y/o de cultivo habitual.
El Código Civil (Art. 1.240) y el Estatuto de la Ciudad (Art. 9 a 14) reglamentaron e incorporaron la usucapión constitucional. El impacto social del derecho a la usucapión urbana de las comunidades de baja renta depende fuertemente de la existencia y funcionamiento de servicios legales y técnicos proveídos por los gobiernos estaduales y municipales.
El papel de las instituciones de la Defensoría Pública
Las instituciones de la Defensoría Pública poseen un papel clave en la reivindicación del derecho a tierra de estas comunidades frente a los tribunales. La CF también reconoce el derecho a la propiedad de las áreas ocupadas por los habitantes remanentes de las comunidades de quilombos (Art. 68 del ADCGT) y los derechos originarios de los indios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, mediante el reconocimiento de la posesión permanente y el usufructo de las riquezas del suelo, ríos y lagos en ellas existentes (Art. 231).
Aunque en Brasil sea una garantía constitucional el derecho a la vivienda digna, el estado no tiene cómo garantizar a la toda población este derecho.
Los proyectos de financiamiento habitacional y el “Programa Minha Casa, Minha Vida”
El gobierno ha intentado desarrollar proyectos de financiamiento habitacional, a fin de minimizar el problema de la vivienda digna para la población en situación de vulnerabilidad, a través del “Programa Minha Casa, Minha Vida”.
La ley 11.977 del año 2019 regula el Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV y dispone acerca de la regularización de la tenencia de la tierra de los asentamientos ubicados en áreas urbanas y pretende crear mecanismos para alentar la producción y adquisición de nuevas unidades de vivienda o la recalificación de propiedades urbanas y la producción o renovación de viviendas rurales, para familias con un ingreso mensual de hasta R$4.650,00 (cuatro mil seiscientos cincuenta reales).
Las principales críticas al programa federal sobre las viviendas construidas por el gobierno son la delincuencia, estafas financieras, problemas estructurales y la ubicación de condominios, que están lejos de los centros urbanos.
La Constitución de 1988, el derecho a la propiedad y el derecho a la vivenda (Derecho a la vivienda digna en Brasil)
¿En qué medida podemos pensar, en un contexto urbano social, la separación del derecho a la propiedad y del derecho a la vivienda en los términos colocados en la Constitución de 1988 de Brasil? Lo que motiva esta pregunta es:
1) el derecho a la vivienda del artículo 6º, no se puede confundir con el derecho a la propiedad previsto en el artículo 5º, XXII;
2) el derecho a la vivienda del artículo 6º se podría llamar derecho a la vivienda de propiedad especial y, el derecho a la propiedad del artículo 5º, XXII, se podría llamar derecho a la propiedad común.
El derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad están reglamentados en el texto constitucional, capítulo económico, Titulo VII, artículos 182 y 183, que determinan y orientan al legislador en la reglamentación ordinaria de los derechos a la vivienda y a la propiedad. La definición de “propiedad” según el diccionario de la Academia de Letras de Brasil dice así: “[…] qualidade especial; particularidade, caráter […] pertença ou direito legítimo […] direito de usar, gozar e dispor de bens, e de revê-los do poder de quem quer que injustamente os possua”
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